A partir del 10 de diciembre de 1995, fecha en que asume Juan Carlos Romero a su primer mandato como Gobernador de la Provincia de Salta, se comenzó a trabajar con decisión y políticas claras en la Reforma del Estado Provincial.

El escenario provincial en ese momento se caracterizaba por una situación grave desde el punto de vista fiscal, con presencia de fuertes déficits fiscales, escasa capacidad de generación de recursos tributarios propios y una estructura estatal sobredimensionada y con fuerte peso en la economía provincial. Esta situación había producido un ahogo financiero que provocaba, entre otras cosas, inconvenientes para el pago, en tiempo y forma, de los compromisos con proveedores del Estado, de los salarios de los empleados públicos provinciales y de las obligaciones con nuestros jubilados; generando, de esta manera, graves problemas sociales en la población. La situación fiscal de la Provincia era caótica, influyendo sobre el nivel de actividad provincial.

La administración Romero realizó un importante esfuerzo en las distintas áreas de Gobierno para lograr  la deseada reforma.

Para poder cumplir con este proyecto de cambio que Salta requería, fue necesario elaborar una estrategia que se apoyara en ejes básicos para la transformación, entre los que se puede resaltar:

▪ La previsión y generación del cambio desde adentro de la organización estatal.

▪ El diseño de políticas públicas adecuadas que permitieran disminuir los gastos corrientes y los serios desequilibrios fiscales, originados fundamentalmente por el continuo crecimiento de la cantidad de empleados públicos, salarios y préstamos para financiar gastos corrientes, con un alto impacto en el endeudamiento.

▪ La eficientización del Estado, recuperando la capacidad operativa del sector público, que permitiera aprovechar los recursos económicos en un decidido mejoramiento de la Educación y la Salud.

▪ La generación de las condiciones de credibilidad necesarias para poder obtener el financiamiento internacional que permitiera dar resultados satisfactorios en el menor tiempo posible.

Basándose en los indicadores existentes y la realidad social, financiera y económica imperante en la Provincia de Salta, la administración Romero se orientó hacia una profunda reforma estructural, que obtuvo  fundamentalmente los siguientes resultados:

▪ La reducción del déficit fiscal, lograda mediante una fuerte contención del gasto, una reasignación presupuestaria, reducción del personal y una eficiente administración de la política fiscal, con superávit económico que permitió financiar la inversión pública.

▪ Adecuación del Estado al servicio de la sociedad civil, mejorando la calidad de la prestación de los servicios brindados por la administración y un control de los servicios privatizados a través de Entes Reguladores.

▪ Saneamiento financiero del Estado logrado por una firme decisión provincial de modernizar la gestión estatal y el apoyo de los programas con financiamiento internacional.

▪ Fortalecimiento de la capacidad de la Provincia para planificar, programar, financiar y ejecutar los recursos del Estado eficientemente.

▪ Mejoras en la calidad y equidad de los servicios de Salud y Educaciónaplicando acciones como: autogestión y tercerización de los servicios hospitalarios, descentralización educativa, ordenamiento y control de los recursos humanos.

▪ Adecuada prestación de los servicios públicos a través del proceso privatizador.

▪ Liderazgo de la Provincia en la Región, obtenido mediante los resultados enunciados anteriormente, los cuales condujeron a posicionar a la Provincia como un estado ágil y moderno dentro del Noroeste Argentino.

En este sentido y con el claro objetivo de brindar un marco de Seguridad Jurídica en la Provincia, fue necesario impulsar un conjunto de leyes, entre las que se pueden mencionar:

• Una Constitución actualizada y moderna.
• Una nueva Ley de Contrataciones.
• Ley de Reestructuración Administrativa.
• Ley de Centralización de las Compras.
• Ley de Racionalización de Estructuras y Funcionamiento de la Administración Pública Provincial.
• Ley Orgánica de Fiscalía de Estado.
• Ley de creación del Consejo de la Magistratura.
• Ley de nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil.
• Ley del Sistema de Gestión de la Provincia.
• Ley del Plan Regulador de la Ciudad.
• Ley de Coparticipación de Impuestos de los Municipios.
• Ley de Reprogramación de Deudas del Sector Público.
• Ley de Educación de la Provincia.
• Ley de Principios sobre el Plan de Salud Provincial.
• Ley sobre Principios de Prestación de Servicios Públicos y del Ente Regulador de los mismos.
• Ley de Gestión Privada del servicio de Agua Potable.
• Ley de Disciplina Fiscal
• Las Leyes que establecen las Políticas Provinciales Vial y de Viviendas.

En este nuevo marco, logrado con el esfuerzo conjunto, entre el Gobierno y la Sociedad Civil, tuvo relevante importancia el contar con la confianza de los Organismos Internacionales de Crédito manifestada en préstamos, tales comoel Provincial Reform Program, el Provincial Development Program I y II y el crédito directo de libre disponibilidad Provincial Reform Loan II.

En una primera etapa se logró ordenar la cartera de proyectos existentes y recomponer  los procedimientos administrativos y financieros  que permitieron ejecutar eficientemente los proyectos ya iniciados, y formular otros complementarios que provocaron un impacto directo sobre la reforma y el saneamiento financiero de la Provincia.

La Provincia inició, de esta manera, un profundo proceso de reforma: ajuste fiscal, superávit presupuestario y económico, privatización de las Empresas Públicas, cesión de la Caja de Previsión Social de la Provincia a la Nación.

La implementación de un proceso de privatizaciones, como los de: Servicios Sanitarios, Distribución y Generación de Energía, Banco Provincial de Salta y Juegos de Azar, que transfiere actividades que originalmente correspondían al Estado a la iniciativa privada, permitió la generación de recursos que no fueron utilizados para gastos corrientes. Así, con el dinero de las mismas, se creó el Fondo Provincial de Inversiones, Ley 6891, para la asistencia crediticia y financiera a emprendimientos privados que se radiquen en la Provincia (sin representar costo fiscal),  transformando la derivación de recursos que antes se utilizaban para gastos de la Administración, en inversiones efectivas de alta rentabilidad, siendo el Turismo uno de los sectores que más creció debido a este apoyo.

A principios de 1996 se realizaron las gestiones que concluyeron en marzo de 1997 con la firma del Acuerdo de Financiamiento del Segundo Programa de Reforma a través del cual se financiaron importantes proyectos para la reforma y modernización del Estado.

Como se puede apreciar a lo largo de lo expuesto, la Provincia de Salta buscó, a través del marco normativo, la privatización de servicios y la implementación de sistemas de gestión, mejorar la eficiencia en la asignación presupuestaria y el ordenamiento del Estado, es decir las denominadas “reformas de primera generación”.

Esto posibilitó apuntar a programas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, a la movilización de los sectores productivos y a la eliminación de imperfecciones en la correcta asignación de recursos, es decir las “reformas de segunda generación”. En este sentido se instrumentó con éxito, en algunas áreas del Gobierno, la reingeniería de procesos a toda la administración pública.

Se trabajó en experiencias de descentralización educativa, en autogestión hospitalaria, ordenamiento del sistema de subsidios para Unidades Educativas Públicas de Gestión Privada, el gerenciamiento privado de un hospital público y gratuito,  entre otras, buscando un cambio estructural de los componentes del desarrollo humano, que permita una mejor prestación de los servicios a la población más necesitada, es decir, distribuir mejor la riqueza.

Continuando con el proceso de Reforma Provincial, ya en su etapa final, la Provincia se abocó con decisión en la “tercera generación de la reforma”.  Dentro de esta etapa final, se continuó con la implementación de sistemas de gestión y se ha firmado un convenio y desarrollado un plan estratégico para la implementación del e-government y e-procurement, cuyos objetivos principales son los de hacer más transparente la gestión, modernizar los servicios del Gobierno para los ciudadanos y empresas de la Provincia y mejorar de manera significativa la eficiencia de los procesos internos de gobierno. Parte de estos objetivos se cumplieron a través de la página web del Gobierno Provincial y de las de algunos organismos estatales.

En las nuevas condiciones internacionales que plantea una economía cada vez más globalizada, la solvencia fiscal y la reducción de la deuda pública son las condiciones de posibilidad para el crecimiento económico. Todo esfuerzo que se realice en esa dirección, por costoso que pueda parecer en el corto plazo, redundará a mediano y largo plazo en beneficio de las economías provinciales y, por lo tanto, en el nivel de vida de su población. Esta es una premisa fundamental que mantuvimos para el logro de una más eficiente asignación de recursos en el sector productivo de la economía, ya que el financiamiento de los déficits reduce naturalmente la inversión privada.

Para atacar el problema del déficit público, nuestro Gobierno no sólo puso énfasis en el incremento de los ingresos, sino también en la reducción del gasto, a pesar de que la primera opción es la que siempre implica menores costos políticos.

Ingresos Corrientes:
En cuanto a los ingresos la intención fue obtener los mismos en función de la evolución de la actividad económica mediante gravámenes que resulten lo menos distorsivos posible. Con este objetivo en claro, obtuvimos un incremento del 17% de los Ingresos Corrientes entre 1995 y 2000. En 2002, y a pesar del incumplimiento de la Nación en el envío de fondos coparticipables, se registraron Ingresos Corrientes un 6% superiores a los correspondientes al año 1995.

Política tributaria:
Este comportamiento de los recursos provinciales es el resultado de una política tributaria que, desde el comienzo de nuestra gestión, contó con una serie de objetivos claramente definidos y necesarios para alcanzar el éxito, en cuanto a incrementar la capacidad de recaudación de los tributos provinciales. Los cuales pueden resumirse en lo siguiente:

• Formulación de un Proyecto Político dentro del cual se enmarcara la Reforma Fiscal deseada.
• Desarrollo Sostenido, indispensable para generar un aumento progresivo de los recursos del Estado.
• Coherencia, para lograr un sistema tributario claro, sin superposición de gravámenes, justo y eficiente.
• Concertación, de manera de obtener el máximo de consenso a fin de poder llevar adelante las medidas necesarias.
• Previsibilidad, con el objeto de que tanto los agentes económicos como el mismo Estado Provincial conozcan ex ante y de manera definida las reglas de juego tributarias, sus obligaciones y sus beneficios. Esta es una de las premisas fundamentales para la radicación o el emprendimiento de nuevas inversiones.
• Sistematización, necesaria para obtener un mayor grado de eficiencia en la recolección de los recursos.
• De acuerdo a estos objetivos, se aplicaron una serie de medidas tendientes a hacerlos efectivos. Entre las más importantes se puede resaltar:Implementación de un Sistema de Administración Tributaria.
• Actualización del Código Fiscal que rige la relación entre el Fisco y el Contribuyente, concertada con la participación de los distintos Sectores Económicos, Organismos Profesionales e Instituciones Académicas.
• Puesta en marcha de un sistema de control de tráfico de productos que ingresan y egresan de la jurisdicción provincial.
• Tercerización de parte del control y de la cobranza de la recaudación que se genera.
• Rebaja de alícuotas de algunos tributos (Actividades Económicas o Ingresos Brutos), disminución y exención de gravámenes a la producción primaria, construcción, industria y agencias de viaje.
• Sanción de leyes con ventajas impositivas para promover los sectores relacionados con el Turismo, la Minería y el Agro, los que son claves para el desarrollo y crecimiento económico provincial.
• Colaboración e intercambio de información fiscal con el Organismo Nacional Recaudatorio (AFIP).
• Perfeccionamiento de la Seguridad Jurídica Tributaria Provincial.

El objetivo perseguido en la captación de los recursos de origen provincial consistió en bajar las alícuotas, pero al mismo tiempo mejorar el control de la evasión, aumentando la masa de contribuyentes y la fiscalización que sobre los mismos se practica. El objetivo perseguido se cumplió con creces, obteniéndose un crecimiento del 47% en la recaudación total entre 1995 y 1999.

Según un estudio privado (CIEES) nuestra Provincia ha sido clasificada como una de las que registran los valores más altos de recaudación provincial como porcentaje del Producto Bruto Geográfico, lo que refleja claramente la mayor eficiencia y la menor evasión registrada en el cobro de los recursos tributarios. Durante los años 2001 y 2002 nuestra recaudación provincial no ha podido escapar a las consecuencias de la crisis económica del País,  no obstante lo cual, se registran caídas mucho menores que las registradas en el caso de los tributos nacionales.

Hemos trabajado para reducir los niveles de evasión, para aliviar la carga tributaria general y favorecer la actividad económica.

Gastos corrientes:
Para entender la evolución del gasto público sirve analizar el gasto público por habitante, por ejemplo en 1995 equivalía a $921, y en 2003 llegó a $737. Este indicador nos muestra una reducción del 20% en el período, contundente resultado del esfuerzo realizado en materia de contención de gasto.

Esta disminución del gasto se efectuó en un marco de aumento de la eficiencia y productividad del sector público, lo que permitió mejoras en la prestación de los cometidos esenciales del Estado:  educación, salud y seguridad, que se plasma en distintos indicadores de producción y calidad como también en importantes reducciones en los índices de repitencia escolar, y en las positivas reducciones de los índices de mortalidad infantil y materna. Es interesante recordar que Salta entre 1995 y 2005 duplicó el crecimiento demográfico nacional.

Si se analiza el gasto primario, es decir aquél que surge de descontar al total del gasto el pago de intereses de la deuda pública, la reducción es aún más importante. El concepto de gasto primario tiene por propósito hacer referencia a aquellos niveles de gasto con mayor flexibilidad presupuestaria, constituyéndose el control de los mismos en el objetivo para lograr una mejora en la situación fiscal.

Cabe destacar que la disminución obtenida en los Gastos Corrientes se ha logrado pese a que Salta ha debido hacerse cargo de la provisión de servicios básicos de Educación y Salud, que antes eran responsabilidad del Gobierno Nacional y que fueron transferidos a la Provincia. Si se tiene en consideración este factor, la baja relativa de gasto es aún mayor, ya que en 1995 los servicios mencionados eran provistos por la Nación.

Nuestros esfuerzos presupuestarios nunca afectaron  a las Areas de Salud, Educación y Seguridad, cuyos recursos se asignaron en concordancia con el crecimiento de la población y las mejoras producidas en la calidad de los servicios brindados. También se incluyó dentro de la reforma del Estado la problemática del empleo público y su régimen laboral. Nuestra administración implementó, en el inicio de su gestión, un programa de racionalización orientado a dotar a cada organismo del sector público, de una combinación de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y reinserción mediante acciones de capacitación, complementado con la incorporación de tecnología informática y comunicaciones.

Además se trabajó en el ámbito del Ministerio de Educación, como experiencia piloto, en la reingeniería de los procesos tendiente a la erradicación del desorden administrativo y la duplicidad de tareas, la eliminación de tareas que no agregaran valor al proceso y la optimización de los flujos de trabajo administrativo. Luego dicho proceso continuo siendo implementando en el resto de la administración pública.

Se ha ejecutado el proyecto de “Sistema Integral de RR HH y Gestión Documental”, que comprende la liquidación de haberes con recibo único, administración del legajo único informatizado y administración de las plantas orgánico-funcionales.  Dicho proyecto producía un ahorro mensual de $1.000.000. Estas acciones se complementaron con la limitación del aumento de personal de planta permanente y contratado, evitando incurrir en prácticas habituales del pasado. Por otro lado, la implementación del Proyecto de Reforma Integral de la Administración Financiera nos permitió estimar un ahorro anual del 2% de las erogaciones corrientes, a través de la racionalización de los procesos administrativos y la mayor eficacia en la captación y asignación de los recursos públicos.

 En virtud de la prudencia fiscal que hemos aplicado desde 1996, estas medidas de contención del gasto pudieron llevarse a cabo de manera justa y equitativa.  Se han realizado ajustes salariales sólo en los sectores que contaban con mayores ingresos, sin afectar las remuneraciones del personal de planta permanente.  También hemos aplicado una reducción en los gastos de funcionamiento de todos nuestros Organismos de Gobierno; revisado y rescindido algunos contratos. Como puede apreciarse, es posible realizar recortes selectivos sin afectar a los más desfavorecidos ni a los servicios básicos que debe brindar todo Estado responsable.

Déficit Fiscal:
Como consecuencia de los esfuerzos realizados en la obtención de mayores ingresos y reducción de gastos corrientes, Salta tiene superávit económico en forma consecutiva desde 1996, mientras que en 1995 se había observado un fuerte déficit. Además, a partir del año 2001 contamos con un resultado financiero primario positivo.

El 28 de diciembre del año 2001 nuestra Provincia aprobó el Presupuesto correspondiente al año 2002.

La estructura de ese esquema presupuestario, que arrojaba déficit cero, marca un hecho muy relevante para nuestra Provincia, por demostrar que los esfuerzos de nuestra gestión de gobierno en materia de administración fiscal ha brindado sus frutos, permitiendo lograr el equilibrio entre los recursos y gastos corrientes y de capital, a pesar de la rebaja operada en los recursos de origen nacional.

En el Compromiso por la Independencia, las Provincias se comprometieron a adoptar el principio presupuestario del déficit cero, como único medio de atemperar el encarecimiento de las tasas de interés producidas por el desborde de la economía nacional, postergando, en consecuencia, sus necesidades de inversión y crecimiento.

A pesar del incondicional apoyo brindado y el consecuente sacrificio que ello implica por parte de las Provincias, la Nación dejó de cumplir, a partir de julio del año 2001, con el aporte mínimo garantizado, produciendo en consecuencia serios inconvenientes en el desenvolvimiento presupuestario y financiero del conjunto de Provincias.

El agravamiento de la situación en el segundo semestre del año 2001, llevó a que las Provincias, presionadas por las circunstancias y el riesgo en que incurrió la economía y la gobernabilidad de nuestro país, suscribieran laSegunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal. La Provincia de Salta suscribió este instrumento, juntamente con un Convenio Complementario, el día 29/11/01.

Pero lo más impactante y contradictorio de esta situación es que Salta, con gran esfuerzo, diseñó, aprobó y ejecutó un Presupuesto 2002 con déficit cero, tal como lo exigió la Nación, mientras que esta última presentó un presupuesto, para el presente ejercicio con un déficit fiscal de aproximadamente $ 3.000 millones.

La mejora en la captación de nuestros recursos provinciales y la reducción ocurrida en los gastos de funcionamiento de nuestra administración gubernamental, aplicadas con un criterio equitativo en materia de recaudación y priorizando las necesidades sociales y de desarrollo de nuestra Provincia en cuanto a la asignación de partidas de gastos, es lo que llevó a nuestra Provincia a materializar la posibilidad de obtener presupuestos con déficit fiscales cero.

El nivel de nuestro endeudamiento se encuentra dentro de parámetros razonables, así como el peso que tienen el servicio y amortizaciones con respecto al total de ingresos. Nuestra provincia ha sido la primera en sancionar una  Ley de Disciplina Fiscal que limita el stock de deuda, no pudiendo ser superior al 70% de los recursos corrientes y además restringe el gasto en personal. Pero no sólo nos hemos impuesto límites a nuestro endeudamiento, sino también hemos procurado mejorar las condiciones del stock existente.

Reestructuración de deuda a través de la venta anticipada de Regalías

Hemos realizado a principios de 2001 y con anterioridad a la Nación, una operación de canje de deuda de corto plazo. La Provincia de Salta, importante productora de gas y petróleo, canceló U$S 234 millones de su deuda con bancos privados a través de la disposición futura de sus activos de regalías que las compañías productoras de gas y petróleo pagarán a la Provincia durante los próximos 15 años.

El producido de esta cesión se financia en gran parte con el incremento que tuvieron las regalías entre los años 1995 y 2001, cercano al 150%, en virtud de la inversión privada que incentivó esta Administración Gubernamental.

A diferencia de otros financiamientos provinciales garantizados, esta transacción se estructura como una captación de inversiones sobre regalías de la Provincia a través de un fideicomiso. Por esto, la obligación de pagar regalías se transforma en una obligación comercial entre partes privadas. Dado que el gas representa una creciente proporción del valor total de las regalías de hidrocarburos, los pagos de estos activos que Salta espera recibir son más predecibles que aquellos que respaldan otros bonos emitidos previamente por otras Provincias Argentinas.

Salta tiene reservas de gas y petróleo probadas por 25 años y por más de $ 11 mil millones. Existe una demanda creciente en la Provincia con contratos a largo plazo. Poseemos una historia larga y exitosa de producción de gas y petróleo.  Los flujos de regalías futuras son relativamente previsibles y la Provincia se encuentra estratégicamente posicionada para el crecimiento futuro de su producción.

La emisión realizada por la provincia a través de un fideicomiso en el extranjero, denominado Salta Hydrocarbon Royalty Trust, se colocó en su totalidad en el mercado internacional por $ 234 millones a una tasa del 11,55% a 15 años. Los fondos obtenidos de la colocación se destinaron íntegramente a cancelar deudas que tenía la Provincia con distintas entidades bancarias locales, reduciendo de esta forma un  35% el stock de deuda provincial.

Tres calificadoras de riesgo internacional, tal es el caso de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, asignaron a la operación el grado de  inversión (Investment Grade), siendo esta calificación la primera obtenida en el País y mantenida en un contexto difícil de la economía argentina durante los últimos meses del año 2.000 y principios del 2.001. Esta realidad es el ejemplo más claro de la confianza y credibilidad que se ha ganado Salta por parte de los inversores privados y nuestros acreedores, demostrando la solvencia fiscal de corto y largo plazo que poseemos como consecuencia del proceso de reforma realizado.

Salta consiguió con esta operación lo siguiente:

• Reducción de la tasa de interés del 13,5 % que tenía la deuda bancaria que se canceló, al 11,55 %, tasa a la que se colocó el Título.
• Inmunizar el riesgo tasa de interés, al emitir con cupón de tasa fija.
• Ampliación de los plazos de vencimiento en más de diez años.
• Liberación de más del 30 % de los recursos de coparticipación federal.
• Utilización del 80 % de los recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas, que representan tan solo el 5 % de los recursos totales de la Provincia.
• Liberación mensual de $ 6 millones de intereses, ahorro que se destina a necesidades prioritarias de la estructura presupuestaria.

Conclusiones

Esta política, sostenida para hacer más eficiente y eficaz el Estado Provincial y monitoreada en forma permanente por los organismos multilaterales de crédito, ha generado conclusiones como las mencionadas en el Informe N° 21577-AR del Banco Mundial:

• “El Gobernador de Salta, Dr. Juan Carlos Romero, ha iniciado reformas administrativas e impulsado reformas en la Salud con un mayor grado de alcance que las emprendidas por el Gobierno Nacional”.
• “Salta tuvo una performance fiscal, durante el período 1997-1999, superior en términos relativos a las de otros gobiernos provinciales en términos de recaudación de recursos provinciales propios, gastos de personal y stock de deuda”-
• “…el porcentaje de ingresos destinados a gastos de personal declinó de un 71% en 1995 al 55% en 1999, y los recursos de origen provincial crecieron. El Informe de Implementación para el segundo Programa de Reforma Provincial califica a Salta como una historia de éxito”.

Hoy podemos decir que gracias al apoyo que recibimos de la mayoría de los salteños, hemos logrado convertir al Estado de nuestra Provincia en uno más moderno, más eficiente, basado en la capacitación.

Hoy se requieren Estados eficientes que puedan brindar la mejor salud, una educación de calidad y más seguridad para sus ciudadanos. Es un error discutir en terminos presupuestarios como si la mayor o menor inversión garantizara la calidad del sistema.

En un sistema deficiente la mayor inversión solo produce mayor deficiencia, mientras que en un sistema eficiente una correcta inversión garantiza resultados optimos.

Durante mi gobierno, el Estado de Salta dejó de ser el origen y eje de los conflictos, para ser parte de las soluciones. Promocionando el bienestar de todos los salteños, dejó de ser un problema para exhibir una creciente fortaleza.

Nuestras políticas públicas persiguieron un afán de transformación y así, hemos revertido viejas prácticas y antiguos vicios. Durante mi primer gobierno se inició la Reforma del Estado. Lo hemos ordenado, para luego hacerlo un Estado más eficiente.

El trabajo mancomunado de los partidos politicos con representación parlamentaria ha permitido la sanción de una nueva Constitución Provincial moderna y ajustada a las demandas de un mundo de complejidad creciente. Esa misma labor legislativa ha logrado leyes fundamentales para el proceso de transformación profunda de la Provincia. Todos los salteños acompañaron este proceso.